Hay una parte de la economía argentina que no aparece en el resultado fiscal, no entra en la celebración del superávit y tampoco se mide mirando solamente el crecimiento del PBI: la economía de las familias que llegan a fin de mes financiándose con deuda.
El último informe de la consultora 1816 vuelve a poner ese problema sobre la mesa con una cifra difícil de relativizar: 5,9 millones de personas tienen deudas con más de 90 días de atraso, sobre un universo de 20,8 millones de deudores. Es decir, alrededor del 28% de quienes aparecen en la Central de Deudores se encuentra en situación irregular. Al mismo tiempo, las familias refinanciaron deudas por $ 2,6 billones, un volumen récord que equivale al 3,7% del saldo total prestado a los hogares.
El dato adquiere todavía más dimensión cuando se observa su evolución. En octubre de 2024, la irregularidad de los hogares era de apenas 2,5%. Ahora, según las estimaciones de 1816, la mora bancaria de las familias llegó al 12,94%. Entre las entidades no financieras, el porcentaje trepa al 33,69%. La morosidad, además, no se concentra en unas pocas entidades: aumentó en 23 de los 30 principales bancos.
El crédito como puente para llegar a fin de mes
El relevamiento realizado por Matías Fernández, socio de la consultora Pública, aporta una fotografía más detallada sobre la mora. Sobre 5,86 millones de personas que atraviesan esta situación, el estudio calcula unos $17,79 billones de deuda irregular. Casi el 40% de los morosos debe menos de un salario mínimo, mientras que el 14,5% que concentra las deudas más grandes acumula el 73% del dinero en mora.
Me pareció tan confuso todo el debate sobre la mora en la Argentina, que no me quedó otra que bajarme la totalidad de la base de deudores del Banco Central y me pasé 48hs tratando de entender. Acá lo que encontré: https://t.co/rBLe0uz1zZ
— Mati Fernandez (@matifer) August 24, 2026
Hay una paradoja que conviene no perder de vista: la mayoría de los morosos no está hundida en deudas millonarias. El pico de personas se encuentra alrededor de los $ 513.000 de mora, mientras que el pico del dinero adeudado se ubica en $ 13,4 millones. El problema social está, precisamente, en esa enorme cantidad de personas para las cuales una deuda relativamente pequeña puede resultar determinante frente a ingresos que no alcanzan.
En su estudio, Fernández cuestiona la idea de presentar toda esta situación como una catástrofe uniforme. Señala que existen 15 millones de personas que tienen créditos y los pagan mes a mes, y sostiene que la Argentina necesita más crédito, no menos. Pero también reconoce que la mora es elevada en términos históricos recientes y que implica que más personas tomaron créditos que ahora no pueden pagar. Es allí donde los datos resultan mucho menos confortables para el Gobierno.
El Gobierno mira la deuda familiar como un problema entre privados
La respuesta oficial frente al aumento de la mora es clara: no habrá un rescate estatal para las familias endeudadas. Javier Milei y su equipo dejaron en claro, en más de una oportunidad, que la solución debe quedar en manos de los bancos y los deudores. Incluso, Federico Sturzenegger fue todavía más lejos al relativizar la dimensión del problema.
Milei fue categórico cuando le preguntaron por los hogares que recurren al crédito para afrontar sus gastos. “Es un problema entre privados”, sostuvo, y descartó que el Estado deba hacerse cargo de esas obligaciones. Ante la posibilidad de algún programa de asistencia, fue todavía más contundente: “Conmigo no, olvídense. No voy a hacer populismo”. La definición marca el límite de la política oficial: no utilizar recursos públicos para aliviar las deudas contraídas por particulares.
Caputo siguió la misma línea. Para el ministro de Economía, se trata de un “tema entre privados” y son los bancos los que deben negociar con sus clientes. Según explicó, las entidades ya están trabajando en mecanismos de refinanciación con condiciones más favorables y tasas más bajas. La salida que propone el Gobierno, por lo tanto, no es una política de alivio general, sino la renegociación individual de los créditos.
Bausili agregó el argumento del “riesgo moral”. El titular del BCRA reconoció que “todos sabemos que la morosidad es un problema”, pero sostuvo que continúa siendo una “conversación entre privados”. Según su razonamiento, el Estado no puede “quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro”, porque una intervención de ese tipo podría generar incentivos para que bancos y deudores asuman riesgos bajo la expectativa de un eventual rescate público.
Sturzenegger, por su parte, intentó correr todavía más el límite de la discusión. En una columna en la que defendió la gestión de Milei escribió que transformar el aumento de la mora en una “crisis nacional de endeudamiento” no tiene sentido. Y, al referirse a las entidades financieras que otorgaron esos créditos, afirmó: “Gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó. Si ahora no le pagan, el problema principal es de ellos”. También cuestionó que se pretenda utilizar dinero de los contribuyentes para proteger a los bancos.
La posición oficial tiene, en ese sentido, una coherencia interna: si el crédito fue tomado entre privados, también deben ser privados quienes absorban las consecuencias cuando ese crédito no puede ser pagado. El problema es que esa definición deja afuera una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el fenómeno deja de ser individual y pasa a involucrar a casi seis millones de personas?
Porque el dato de 1816 no habla de un puñado de familias que tomaron malas decisiones financieras. Habla de 5,9 millones de personas con atrasos superiores a 90 días, en un contexto en el que la mora de los hogares alcanzó niveles muy superiores a los registrados antes de la actual administración.
La defensa de Galperin y el dato que incomoda
En medio de la polémica apareció Marcos Galperin, quien defendió públicamente a Mercado Libre y cuestionó la manera en que se estaba presentando el fenómeno.
El empresario sostuvo que Mercado Libre representa “menos del 3%” de la mora total del sistema, mientras que Banco Nación y Banco Provincia concentran conjuntamente el 15%. También destacó que la mediana de mora en Mercado Libre era de unos $100.000, frente a $1,4 millones en los bancos públicos.
Para sostener su argumento, utilizó el estudio de Fernández, que muestra que la fintech concentra el 19% de los morosos, pero apenas el 2,9% del monto total en mora. En cambio, los bancos tradicionales concentran cerca del 65% del dinero impago.
Sin embargo, esta es una lectura demasiado cómoda. Si los casi seis millones de argentinos en situación irregular no resultan suficientes para encender una señal de alerta, hay otro dato que debería preocupar especialmente hacia adelante: los jóvenes de entre 18 y 25 años son el grupo donde más creció simultáneamente el acceso al crédito y la mora.
Según el estudio, la bancarización de esa franja pasó de 16,8% a 23,3% en dos años, con 338.624 jóvenes nuevos con deuda registrada. Pero la tasa de mora entre los jóvenes deudores saltó de 24,7% a 40,8%.
Aquí aparece una de las principales contradicciones del Gobierno. El discurso oficial reivindica el crecimiento del crédito como uno de los motores de la recuperación económica. Pero cuando ese mismo crédito empieza a mostrar niveles elevados de incumplimiento, la respuesta es que se trata de una decisión individual entre privados.
Si una persona toma un crédito para comprar un auto, financiar una vivienda o invertir en un emprendimiento, estamos ante una economía que utiliza el sistema financiero para crecer. Pero si millones de personas recurren a una tarjeta o a una billetera virtual para pagar alimentos, servicios o gastos básicos, la deuda deja de ser solamente una decisión financiera: se convierte en el mecanismo mediante el cual los hogares intentan compensar la insuficiencia de sus ingresos.
RM/EO
