Mientras el Gobierno nacional se prepara para mostrar al mundo su potencial como actor estratégico de la industria alimentaria global, la realidad social expone una contradicción estructural: el mismo país que busca consolidarse como plataforma internacional de negocios alimentarios mantiene altos niveles de inseguridad alimentaria entre niños, niñas y adolescentes.
El próximo martes se presentará Argentina Alimenta 2026. Se trata de una nueva feria internacional impulsada por La Rural, Fira Barcelona International, COPAL y PromArgentina, con el objetivo de posicionar al país como un punto estratégico para el desarrollo e internacionalización del sector alimentario.
La iniciativa reunirá a empresarios, referentes industriales, autoridades nacionales y provinciales, representantes diplomáticos y medios especializados para presentar los lineamientos de una exposición que apunta a transformarse en una plataforma de vinculación comercial, generación de negocios, intercambio de tendencias y promoción internacional de la capacidad productiva argentina. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto que revela una profunda tensión entre la capacidad productiva del país y el acceso efectivo a la alimentación.
Inseguridad alimentaria en Argentina
Según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, en 2025 el 28,8% de los niños, niñas y adolescentes atravesó situaciones de inseguridad alimentaria, mientras que el 13,2% padeció inseguridad alimentaria severa, es decir, experimentó hambre por problemas económicos en sus hogares.
Aunque los datos muestran una mejora respecto de 2024, el informe advierte que los niveles continúan por encima de los registrados durante gran parte de la década pasada y reflejan un problema estructural. La desigualdad se profundiza al observar el impacto por nivel socioeconómico: un niño o adolescente perteneciente al estrato más vulnerable tiene 28 veces más probabilidades de pasar hambre que uno de sectores medios-altos.
La brecha territorial también resulta contundente. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la inseguridad alimentaria severa afecta al 1,1% de la infancia, en el Conurbano Bonaerense alcanza al 17,7%.
El mismo estudio señala además que el 64,8% de los niños y adolescentes recibe algún tipo de asistencia alimentaria gratuita, ya sea a través de comedores escolares, comunitarios o programas estatales como la Tarjeta Alimentar. En otras palabras: casi dos de cada tres dependen, al menos parcialmente, de redes de asistencia para garantizar su alimentación.
La feria buscará exhibir innovación, desarrollo productivo, apertura comercial y oportunidades de internacionalización para toda la cadena de valor alimentaria. Pero el desafío excede la competitividad externa: también interpela la capacidad de transformar ese potencial en una mejora concreta en el acceso a los alimentos para millones de hogares.
En ese marco, la crisis también se refleja en debates recientes sobre alternativas de consumo que hasta hace poco parecían impensadas. La discusión en torno a la comercialización de carnes no tradicionales, como la de guanaco, promovida en algunas regiones patagónicas como una opción proteica más accesible, se sumó a la reciente polémica por la carne de burro. Más allá de las controversias, ambos casos exponen cómo el deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de alimentos básicos están modificando los hábitos de consumo y reconfigurando el debate público sobre qué pueden poner los argentinos en su mesa.
Argentina busca consolidarse como vidriera global de alimentos mientras todavía arrastra una deuda interna básica, garantizar que producir alimentos alcance también para alimentar a su propia población. En este contexto es válido plantearse, ¿puede un país con capacidad para abastecer mercados internacionales seguir mostrando niveles elevados de privación alimentaria puertas adentro?
RM/EO
