El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la afectación de $ 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para apalancar créditos hipotecarios expone una de las contradicciones más profundas del modelo libertario. Tras un discurso sostenido que demonizó de forma constante la intervención estatal y la administración de los fondos previsionales, el Poder Ejecutivo echa mano a la caja de los jubilados para oxigenar un sistema financiero que no logra traccionar por sí solo en el mercado de la vivienda. Y lo llama «justicia social». Pareciera un plan exclusivamente armado para sumar votos de cara a las elecciones de 2027.
La iniciativa, lejos de ser un esquema disruptivo de acceso a la vivienda, revela fisuras de diseño tanto en su escala como en su alcance. El análisis técnico sobre las partidas del FGS y el sistema previsional deja en evidencia que la liquidez del Estado termina operando como un salvavidas del sector bancario. En una reciente columna publicada, el economista y exdirector del organismo Santiago Fraschina lo definió con crudeza al señalar que “el Estado que La Libertad Avanza convirtió durante años en el principal problema aparece ahora como la solución cuando el sistema financiero necesita que alguien lo financie”. A través de esta triangulación de recursos públicos, el capital financiero reduce su nivel de exposición mientras que la fragilidad estructural de la previsión social asume el riesgo crediticio.
A este sesgo conceptual se le suma una limitación práctica insoslayable: el impacto real sobre la actividad económica y la generación de empleo. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, desarmó la expectativa oficial sobre una posible reactivación del sector. Weiss remarcó que el volumen total volcado equivale apenas a unos 13.000 créditos de 100.000 dólares. “Todo va a ir a vivienda construida, nueva o usada. Con lo cual en el sector no nos vamos a dar cuenta si dinamiza en algo; yo creo que nada va a cambiar en este momento. No va a afectar directamente a la construcción”, sentenció el titular de CAMARCO en una entrevista con Perfil. La inyección de divisas alimentará el mercado inmobiliario de segunda mano y impulsando eventualmente el valor comercial de las propiedades, en lugar de transformarse en ladrillos, infraestructura o puestos de trabajo formales.
Esta utilización discrecional de los activos previsionales cobra un matiz crítico al contrastarla con la pérdida del poder adquisitivo del sector pasivo. Durante la actual administración, el haber real de las jubilaciones —y de forma todavía más severa en quienes perciben la mínima— ha sufrido un recorte histórico. Mientras los haberes no logran recomponerse frente al costo de vida, los recursos acumulados en el ahorro previsional son desviados para instrumentar soluciones de mercado de corto plazo.
El uso del FGS como fondo de liquidez para la banca privada no constituye una herramienta social para resolver el déficit habitacional crónico de Argentina. En un escenario signado por la informalidad, la caída del ingreso real y la mora de las familias, recurrir al cofre de los jubilados para dinamizar operaciones entre privados vuelve a dejar al descubierto la prioridad del programa económico: garantizar la rentabilidad financiera mientras se posterga la deuda interna.
Mientras, hacen silencio a un gravísimo problema
«Es un asunto entre privados» repiten en el Gobierno por la morosidad. Lo cierto es que el 92,3% de los hogares tiene algún tipo de deuda, de acuerdo al Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). El 88,9% de las deudas relevadas se encontraba impaga o incumplida en agosto, frente al 81,8% registrado en marzo de este año. El porcentaje también representa un fuerte incremento respecto del 76% de mayo de 2025 y del 63% de julio de 2024.
La gravedad de la situación se refleja en la cantidad de obligaciones que acumulan las familias. El 28,4% de los hogares endeudados tiene más de tres deudas, cuando en marzo representaban el 23,5%. El indicador había sido del 12% en mayo de 2025 y del 8% en julio de 2024. En paralelo, los hogares que solamente tenían una deuda bajaron al 10,8%, desde el 35% registrado en 2024.
«Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no. No seamos pelotudos con esto de la morosidad», fueron las palabras del presidente, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Los impagos se mantienen en niveles récord, por encima del 12,8% en el sistema tradicional y casi el 30% en billeteras virtuales.
