El Gobierno de Javier Milei convirtió al ajuste fiscal en uno de los pilares centrales de su programa económico. A casi tres años del inicio de su gestión, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) permite ponerle números a esa motosierra y, sobre todo, identificar dónde cayó con mayor fuerza el gasto público.
El dato general es contundente: el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional acumuló hasta agosto una caída real del 32,1% respecto del mismo período de 2023, el último año previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada. La contracción comenzó durante los primeros meses de gestión y se mantuvo por encima del 30% desde marzo de 2026.
Pero detrás de ese promedio hay recortes muy diferentes según la partida. Y algunos de los sectores más afectados están lejos de haber recibido un ajuste marginal: en determinados casos, la reducción supera el 80%.
Universidades, empleo público y jubilaciones, afuera
El ajuste en educación y, particularmente, en las universidades nacionales, fue uno de los aspectos más debatidos y cuestionados durante la gestión de Milei. Las transferencias destinadas a las casas de altos estudios cayeron 39,7% en términos reales respecto de los primeros ocho meses de 2023.
El recorte convirtió al financiamiento universitario en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa. La caída de los recursos se produjo en un contexto de fuertes reclamos por el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades y los salarios de docentes y no docentes.

El Gobierno también redujo el gasto destinado a personal, que acumuló una caída real del 28,9%. En este caso, el ajuste estuvo acompañado por una reducción de la cantidad de trabajadores estatales, de acuerdo con el análisis realizado sobre el informe del IARAF. El gasto en personal explica aproximadamente el 10,6% de la reducción total del gasto primario.
Los jubilados tampoco quedaron al margen del ajuste. La partida correspondiente a jubilaciones y pensiones registró una caída real del 8,2%. Si bien se trata del rubro que registró la baja menos pronunciada entre las principales partidas, el dato debe leerse teniendo en cuenta su enorme peso dentro del presupuesto. En 2023, las jubilaciones explicaban el 38,1% del gasto primario de la Administración Pública Nacional.
Por eso, aun con una reducción porcentual mucho menor que la de otras partidas, las jubilaciones y pensiones explican el 10,1% de la caída total del gasto primario.

Menos subsidios y tarifas con mayor peso para los usuarios
Otro de los grandes capítulos afectados fueron las transferencias al sector privado, que incluyen los subsidios económicos destinados a la energía y el transporte. La caída real de estas transferencias llegó al 59,3% frente a 2023.
El recorte forma parte de una de las transformaciones más visibles de la política económica de Milei: reducir la participación del Estado en el financiamiento de las tarifas y trasladar una mayor proporción del costo de los servicios hacia los usuarios. De acuerdo con el informe, estas transferencias explican el 14,9% de la caída total del gasto primario.
La política de reducción de subsidios fue uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno para avanzar hacia el equilibrio fiscal, pero también implicó un cambio en la estructura de financiamiento de servicios públicos como el transporte y la energía.

Obra pública: uno de los desplomes más fuertes
La obra pública aparece entre las partidas que sufrieron los mayores recortes durante la gestión. El gasto en bienes de uso, categoría que incluye la inversión pública y la obra pública, registró una caída real del 83,6% frente a los primeros ocho meses de 2023.
Se trata del segundo mayor desplome entre las principales partidas analizadas por el IARAF, sólo por detrás de las transferencias corrientes a las provincias. La magnitud del recorte deja en evidencia hasta qué punto la inversión pública dejó de ocupar un lugar central dentro de las prioridades presupuestarias del Gobierno.

Provincias y municipios, entre los principales afectados
El mayor recorte correspondió a las transferencias corrientes a las provincias, que registraron una caída real del 86,6% durante los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período de 2023.
Se trata de una de las principales vías mediante las cuales la Nación financia determinadas políticas y gastos de las jurisdicciones. En 2023, esta partida representaba el 5,7% del gasto primario de la Administración Pública Nacional.
La magnitud de la caída implica que una parte importante del ajuste realizado por el Gobierno nacional tuvo su correlato en las cuentas de las provincias y municipios, que debieron afrontar una menor disponibilidad de recursos provenientes de la Nación.
Empresas públicas y fondos fiduciarios: otro de los grandes recortes
Entre las partidas con mayor caída se destacan las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, donde se encuentran empresas públicas y fondos fiduciarios. En este caso, la reducción real fue del 62,1%.
Pero este rubro tiene una particularidad: no sólo importa cuánto cayó, sino cuánto explica del ajuste total. De acuerdo con el IARAF, estas transferencias representan el 23,6% de toda la reducción real del gasto primario. Es decir, casi una cuarta parte de la motosierra se explica por la menor cantidad de recursos que la Nación destinó a estas entidades.
Menos recursos para ayudas sociales y asignaciones familiares
El ajuste también alcanzó a las ayudas sociales a personas y las asignaciones familiares, que registraron una reducción real del 30,6%. El dato adquiere mayor relevancia si se considera que este rubro representaba en 2023 el 16% del gasto primario de la Administración Pública Nacional.
Por su peso presupuestario, las ayudas sociales y las asignaciones familiares explican el 14,4% de la caída total del gasto.
No se trata, por lo tanto, de una partida menor dentro de la estrategia de ajuste, sino de uno de los componentes que más contribuyeron a la reducción del gasto nacional.

El ajuste todavía no terminó
El IARAF estima que, si durante el último cuatrimestre de 2026 se mantiene el ritmo de reducción observado hasta agosto, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cerrará el año en un equivalente al 12,4% del PBI. Eso implicaría una reducción de 5,4 puntos porcentuales del producto respecto de 2023 y sería el mayor ajuste anual de los tres años de la gestión Milei.
La secuencia muestra una profundización progresiva: la reducción había sido de 4 puntos del PBI en 2024, pasó a 4,6 puntos en 2025 y llegaría a 5,4 puntos en 2026. La suma de los tres años alcanza así los 14 puntos porcentuales del PBI.
El número resume la dimensión del programa fiscal de Milei, pero el desglose permite ver algo más importante: la motosierra no fue homogénea. Universidades, trabajadores estatales, jubilados, beneficiarios de programas sociales, provincias y municipios quedaron atravesados por la reducción del gasto, mientras que los subsidios y la obra pública también registraron fuertes desplomes.
Con el proyecto de Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso, la discusión ya no pasa solamente por cuánto se recortó, sino también por quién terminó absorbiendo el costo de esa reducción del gasto.
RM/EO










