La fuerte suba de la morosidad crediticia volvió a poner en discusión qué hacer con las familias y empresas que tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En ese contexto, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, presentó una propuesta elaborada junto con el equipo de Fundación Capital que apunta a facilitar las refinanciaciones mediante un cambio regulatorio, sin recurrir a recursos fiscales ni cuasifiscales.
El planteo busca que las refinanciaciones de deudores con dificultades financieras no impliquen automáticamente una degradación de su clasificación crediticia ni obliguen a las entidades a constituir mayores previsiones por riesgo de incobrabilidad, siempre que el deudor cumpla con las nuevas condiciones de pago. La iniciativa fue difundida por Redrado en su cuenta de X y propone que el Banco Central establezca un tratamiento especial para las refinanciaciones notificadas hasta el 31 de diciembre de 2027.
El problema que busca abordar es el fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Según un relevamiento de la Universidad Austral y ECO GO, la mora del crédito a personas físicas llegó al 17,5% en junio, 0,3 puntos porcentuales por encima de mayo y 10,5 puntos más que un año atrás. Además, el 26,1% de los deudores registra algún nivel de mora.
El deterioro fue particularmente acelerado en los últimos meses. En diciembre de 2024, la mora representaba el 3,6% del crédito. Un año después había trepado al 12,6% y, en junio de 2026, alcanzó el 17,5%, casi cinco veces el nivel registrado un año y medio antes.
Qué propone Redrado para aliviar las deudas
El mecanismo planteado por el expresidente del Banco Central apunta a las personas y empresas que atraviesan dificultades financieras y necesitan reordenar sus obligaciones. Entre los créditos alcanzados aparecen los saldos de tarjetas de crédito, los préstamos personales y el financiamiento para capital de trabajo.
La propuesta consiste en que las refinanciaciones realizadas por bancos y proveedores no financieros de crédito a deudores que presenten un deterioro significativo de su situación financiera, de acuerdo con los criterios de la NIIF 9, no sean consideradas automáticamente para degradar su clasificación crediticia.
Como hacedores de políticas públicas el equipo de @Fund_Capital propone una normativa que genere una solución estructural para las deudas de las familias.
Aquí les comparto nuestra propuesta:
El @BancoCentral_AR establece que las refinanciaciones, cuyo otorgamiento a las…
— Martín Redrado (@martinredrado) August 9, 2026
El objetivo es evitar que una refinanciación genere un efecto negativo adicional sobre el deudor y, al mismo tiempo, desalentar a las entidades financieras a refinanciar debido al impacto que la operación podría tener sobre sus previsiones.
En definitiva, Redrado propone que esas refinanciaciones sean excluidas del cálculo de la pérdida crediticia esperada y de las mayores previsiones regulatorias por riesgo de incobrabilidad, siempre que el deudor cumpla puntualmente con las cuotas de la nueva facilidad crediticia.
El tratamiento especial contemplaría un plazo de 90 días para evaluar el cumplimiento de los pagos y tendría vigencia hasta el 30 de abril de 2027. Desde el 1° de mayo de ese año, el cómputo de los días de atraso volvería al plazo general de 30 días.
Una propuesta que busca evitar el costo fiscal
Uno de los aspectos centrales del planteo es que el Estado no debería desembolsar dinero para implementar el esquema. Esto cobra relevancia teniendo en cuenta la postura del Gobierno, que considera las deudas familiares como un acuerdo entre privados y descarta una intervención con recursos públicos.
Redrado sostiene que la solución debe evitar tanto el gasto fiscal como el cuasifiscal. La herramienta propuesta, por lo tanto, no consiste en subsidiar las deudas ni en transferir recursos a los hogares, sino en modificar el tratamiento regulatorio que reciben las refinanciaciones.
El extitular del BCRA sostiene que permitir un reordenamiento de las obligaciones financieras podría aliviar la carga que las cuotas representan sobre los ingresos de las familias y, en el caso de las empresas, liberar recursos para capital de trabajo e inversión. «La carga de la deuda sobre gran parte de las familias argentinas necesita soluciones creativas que no impliquen un solo peso de gasto fiscal o cuasifiscal», planteó al presentar la iniciativa.
La lógica detrás de la propuesta es que una familia que destina una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de créditos tiene menos recursos disponibles para el consumo. Para las empresas, el problema se traslada a la disponibilidad de fondos para financiar operaciones e inversiones.
El Gobierno y la deuda familiar
La propuesta de Redrado surge en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei descarta una asistencia estatal para las familias endeudadas y sostiene que el problema debe resolverse dentro del sistema financiero. La postura oficial apunta a que bancos y deudores negocien alternativas de pago sin recurrir a recursos públicos.
En esa línea, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó la posibilidad de un rescate y advirtió sobre los incentivos que podría generar una intervención estatal. El ministro de Economía, Luis Caputo, también sostuvo que las entidades financieras deben ofrecer alternativas de refinanciación a sus clientes.
La diferencia con el planteo de Fundación Capital está en la herramienta: Redrado tampoco propone utilizar fondos públicos, pero sí modificar transitoriamente las reglas del BCRA para facilitar las refinanciaciones y evitar que los bancos enfrenten mayores costos regulatorios cuando reestructuran las deudas.
El desafío será determinar si una herramienta de este tipo alcanza para contener el avance de la morosidad y evitar que el deterioro de la capacidad de pago de las familias y empresas termine convirtiéndose en un problema mayor para el sistema financiero.
RM/EO
